Aduana bajo la lupa: cómo un avión evitó todos los controles en Aeroparque
8 julio, 2025
Una investigación judicial encendió las alarmas en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde un avión privado procedente de Estados Unidos ingresó a la Argentina en febrero pasado con diez valijas que no fueron controladas por la Aduana. El hecho, denunciado por el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez, está ahora en manos del juez federal Pablo Yadarola, quien busca esclarecer una trama que mezcla intereses empresariales, funciones diplomáticas, inteligencia y conexiones políticas de alto nivel.
El periodista de Clarín Daniel Santoro, en una entrevista con el programa Hola Chiche, reveló detalles claves del expediente judicial. Según los registros y las fotografías incorporadas a la causa, Laura Arrieta, gerenta de OCP Tech y única pasajera del avión, junto con los dos pilotos y una azafata, fueron desviados del canal de control habitual y pasaron sin que se les escaneara ninguna de las diez valijas. Unos pocos minutos después, el acceso fue cerrado y los pasajeros de otros vuelos sí debieron someterse al procedimiento regular de inspección.
Uno de los elementos más comprometedores de la causa es la sospecha de que se habría producido un llamado desde Casa Rosada que posibilitó este trato diferencial. Un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria declaró haber presenciado cómo Arrieta hablaba por teléfono con alguien, le pasaba el celular a una funcionaria de Aduana, y tras ese intercambio, se autorizaba el ingreso del equipaje sin control.
El avión quedó estacionado en un hangar privado de Royal Class durante varios días. Dos de las valijas quedaron dentro del avión, que fue sellada por el piloto. Para agravar aún más la situación, las cámaras de seguridad del hangar —que deberían haber registrado cualquier movimiento— no estaban funcionando durante ese período, algo que los fiscales también pusieron bajo sospecha.
Según Santoro, hay dudas incluso sobre el verdadero aeropuerto de partida del vuelo: no habría salido del aeropuerto principal de Miami (Fort Lauderdale), sino de una terminal privada de vuelos ejecutivos, lo que complica aún más la trazabilidad del equipaje. También llamó la atención la presencia de cinco camionetas en la pista, dos de las cuales aún no pudieron ser identificadas por la Justicia.
Las hipótesis sobre el contenido de las valijas son variadas. Desde software o dispositivos electrónicos, hasta equipamiento sensible vinculado con inteligencia. Algunas versiones incluso deslizaron que podría tratarse de elementos relacionados con una estructura de inteligencia paralela. No se descarta tampoco una motivación comercial o incluso diplomática, aunque ninguna de esas líneas de investigación está aún confirmada.
Laura Arrieta, gerenta de la empresa, está vinculada a un grupo conservador latino en Miami que apoyó la campaña de reelección de Donald Trump. Ella aparece en una foto junto al presidente Javier Milei durante un encuentro en Mar-a-Lago. Su jefe, Scatturice, es donante de Trump y habría facilitado el acercamiento entre Milei y el expresidente estadounidense.
Scatturice, además, cuenta con antecedentes complejos: en 2006 fue investigado por supuestas actividades de espionaje a favor del Reino Unido en la causa conocida como “Black Star”, aún abierta. En ese expediente, impulsado por el ex espía Antonio Stiuso, se detectaron escuchas telefónicas a jueces, empresarios y periodistas.
El gobierno nacional, hasta el momento, minimizó la situación. El titular de la Aduana, Gustavo Pasos, aseguró que se inició un sumario interno y negó irregularidades, argumentando que no existe obligación legal de escanear todos los equipajes en vuelos privados, y que el avión provenía de un “país confiable” como Estados Unidos.
Sin embargo, la Justicia no parece convencida. El juez Yadarola avanza con citaciones a funcionarios y análisis de las cámaras de seguridad. Busca también establecer la identidad de las camionetas involucradas y esclarecer quién ordenó el ingreso sin control.
Más allá del contenido puntual de las valijas, el caso expone una zona gris —y cada vez más sensible— del sistema aeroportuario argentino: la escasa supervisión de los vuelos privados. En palabras de Santoro
“Esto es mucho más que un incidente aislado, habla de una falla estructural en los controles del Estado”.
