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Gabriel Solano: “El denunciado no puede ser el denunciante”

27 agosto, 2025

En diálogo con Hola Chiche, el legislador del Partido Obrero, Gabriel Solano, se refirió al escándalo que sacude al gobierno nacional en torno a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad y al PAMI.

Solano cuestionó el rol del presidente y su entorno, señalando que “el denunciado no puede ser el denunciante”, en referencia a las declaraciones del presidente y su abogado personal, implicado en la causa. Según el legislador, ese abogado “entró 80 veces en el último año en Casa Rosada y la Quinta de Olivos”, lo que demostraría un vínculo estrecho con el poder ejecutivo.

Durante la entrevista, Solano apuntó a la necesidad de investigar a fondo y sin excepciones: “Nosotros hoy estuvimos en los tribunales… hay que tomar todas las medidas de prueba, sin excepción”, afirmó. Pidió que se indague no solo a los dueños de la droguería involucrada sino también a los niveles superiores del gobierno, sugiriendo una posible conexión con altos funcionarios. Incluso mencionó que se está buscando el libro de visitas de Nordelta, para verificar posibles encuentros entre funcionarios y empresarios vinculados al caso.

El legislador también denunció un crecimiento del 2600% en los contratos del Estado con la droguería cuestionada desde el inicio de la actual gestión. Consideró que la magnitud del negocio requiere que se investigue a fondo el rol del PAMI, “el mayor comprador de medicamentos de América Latina”.

Además, hizo hincapié en las consecuencias sociales del escándalo. Según Solano, ya se habrían despedido a más de mil trabajadores que prestaban servicios para personas con discapacidad, lo que profundiza el impacto de la crisis. “La izquierda quiere que los discapacitados y los trabajadores con discapacidad tengan lo que les corresponde”, aseguró.

Solano también advirtió sobre posibles pruebas borradas y la demora en los allanamientos: “Puede haber información que es vital para la causa, que luego se convierte en irrecuperable”.

La causa, que involucra a funcionarios, empresarios y ahora al propio entorno presidencial, continúa su curso en la justicia mientras la oposición exige que se llegue hasta “la cúpula del poder”.

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