César Albarracín, abogado de Jorge Castillo, dueño de La Salada: “La feria no es ilegal”- en Abogados en off
3 julio, 2025
En una entrevista exclusiva, el abogado César Albarracín, defensor de Jorge Castillo, propietario de La Salada, uno de los mercados informales más grandes del país, respondió a las acusaciones que vinculan al empresario con actividades ilegales. A pesar de las controversias y la acusación de que La Salada sería una “feria clandestina”, Albarracín defiende el funcionamiento del espacio y aclara diversos puntos clave en torno a las operaciones y responsabilidades de su cliente.
El abogado comienza destacando que el lugar ha sido injustamente estigmatizado. “La Salada tributa 400 millones de pesos, un monto significativo que demuestra su regularización fiscal. Estamos hablando de un mega mercado con más de 10.000 puestos, donde cada uno de los puesteros tiene la obligación de demostrar ante la ley la procedencia de sus ingresos”, explica Albarracín, quien niega que toda la actividad en el mercado sea ilegal.
Aunque reconoce que en algunos puestos se comercializa ropa de procedencia dudosa, Albarracín subraya que la responsabilidad de fiscalizar recae sobre las autoridades: “No chequean que las cosas que se vendan estén dentro del marco legal, y en algunos puestos se vendía ropa trucha. Eso, claro está, es responsabilidad de la ley de controlar”, afirma, apuntando a que el control estatal debe ser más riguroso.
En relación a las denuncias de que La Salada es un centro de distribución de ropa ilegal, Albarracín aclara que “Jorge tiene puestos en diferentes lugares, como en Punta Mogotes. La hipótesis de que se vende ropa trucha se basa en rumores, pero no hay evidencia de que toda la feria está destinada a la venta de ropa ilegal.”
La reciente detención de Jorge Castillo ha generado controversia. En 2018, ya había enfrentado una imputación similar, por lo que Albarracín señala que este es un caso repetido. “Metieron presos a los dueños de los locales, pero no a los vendedores o fabricantes de ropa trucha”, destaca, sugiriendo que la responsabilidad de los delitos recae sobre quienes producen o distribuyen la ropa ilegal, no sobre los propietarios de los locales.
El abogado también hace hincapié en el nivel de facturación de Castillo, que alcanza los 500 millones de pesos por mes. “Jorge tiene un nivel de vida similar al de otros empresarios con esos ingresos. No porque tenga esa capacidad económica, significa que sea un delincuente”, asegura.
Ante el panorama legal, el abogado Albarracín adelantó que apelarán la decisión judicial. “Este mismo tipo de imputación se hizo en 2018, y ahora vamos a pedir la excarcelación de Jorge. Creemos que no hay elementos suficientes para que se mantenga privado de su libertad”, concluyó.
Con una defensa firme, Albarracín aboga por la inocencia de su cliente y destaca las falencias del sistema judicial en la persecución de delitos dentro de La Salada. El futuro del empresario, al igual que el del mercado, depende ahora de cómo evolucione este proceso judicial.
