Eduardo Barcesat: “Estamos frente a un caso de censura previa y de encubrimiento delictivo”
2 septiembre, 2025
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó en Radio del Plata, en el programa “A Las 7 AM”, con Nuria Am y su equipo, la decisión judicial que restringió la difusión de audios vinculados a la investigación penal que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Federico Picardi.
Barcesat calificó la medida como un acto de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional desde su redacción histórica de 1853-60 y reforzado en los artículos 42 y 43 de la Carta Magna.
“Los periodistas tienen plena protección constitucional. No están compelidos a dar sus fuentes ni a autocensurarse para evitar persecuciones. Su deber es brindar información veraz y adecuada, y si hay excesos, la responsabilidad se evalúa después, nunca antes”, explicó.
El constitucionalista cuestionó duramente la resolución del juez civil que otorgó la cautelar al Gobierno, al considerar que entorpece una investigación penal en curso. Según sostuvo:
“La decisión obstruye el accionar de la justicia, encubre hechos de corrupción y violenta el principio de supremacía constitucional”. Además, recordó que el propio Código Procesal Penal obliga a todo funcionario a denunciar posibles delitos de acción pública, lo que vuelve más grave la actuación del magistrado.
En relación al debate sobre la privacidad de los audios difundidos, Barcesat diferenció entre conversaciones personales y aquellas que pueden dar cuenta de delitos. “Una charla privada entre amigos no tiene relevancia pública. Pero si de esa conversación surge un indicio de cohecho o de asociación ilícita, deja de ser un asunto íntimo para convertirse en prueba de un delito de acción pública”, señaló.
Al referirse a los audios atribuidos a Karina Milei, el abogado advirtió que aún no corresponde sacar conclusiones definitivas, pero insistió en que la justicia debe corroborar si contienen evidencias de corrupción vinculadas al presunto cobro de sobreprecios en medicamentos. “No podemos interferir en la investigación. Será la tarea instructora la que determine inocencia o culpabilidad. Lo que no se puede hacer es frenar a la justicia con maniobras que buscan encubrir responsabilidades”, remarcó.
Barcesat concluyó con una advertencia sobre el riesgo institucional que atraviesa el país: “No solo se destruye la economía, también se destruye la institucionalidad. El pueblo argentino debe repudiar estos actos de violencia institucional que solo buscan proteger el obrar delictivo de algunos funcionarios”.
