Subsidio polémico en Entre Ríos: 179 millones para Teatro del Bardo y reclamo de los centros culturales
13 octubre, 2025
En la provincia de Entre Ríos se desató un fuerte debate luego de que el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso firmaran la resolución que otorga 179 millones de pesos a la Asociación Civil Teatro del Bardo para financiar cinco ferias del libro estivales. La decisión —publicada el 8 de octubre en el Boletín Oficial provincial— generó asombro por la magnitud del monto y porque, según declaraciones públicas del propio presidente de la asociación, Juan Kohner, la entidad actuó como “custodia” administrativa: los fondos ingresaron y fueron transferidos el mismo día a prestadores y productoras. Eso, dicen críticos, explica la velocidad inusual del trámite pero no despeja dudas.
Desde el Centro Cultural Casa Encendida de Paraná, su referente Emanuel Windegger, estuvo en diálogo con Alfredo Scoccimarro y el equipo de Mesa chica, donde expresó “indignación” y “enojo”: denunció que la entrega de fondos a un tercero externo que actúa como administrador de políticas públicas ensucia a toda la cultura de la provincia y deja de lado a los espacios culturales autogestionados. El contraste económico es central en la polémica: ferias provinciales recientes en localidades como Concepción del Uruguay costaron entre 30 y 40 millones, lejos de los 179 millones otorgados ahora, lo que alimenta la sospecha pública sobre la proporcionalidad del gasto.
El conflicto llegó además a la arena política: la operatoria coincide con la campaña electoral y varios referentes locales preguntan si hay un trasfondo político o si parte del dinero podría terminar aportando a estructuras de campaña. Hasta el momento no se registra una presentación judicial ni un pedido de informes formal masivo en la legislatura provincial; sí hubo explicaciones públicas del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso que, según entrevistados, no resultaron convincentes y alimentaron más ruido mediático. Kohner afirmó que la rapidez fue para “agilizar cuestiones administrativas” de la Secretaría de Cultura; sus críticos replican que la transparencia exige demostrar trazabilidad de cada transferencia y destinatario.
Frente al escándalo, desde la escena cultural exigen auditoría, pedido de informes y explicaciones públicas: que el gobernador y los firmantes detallen por qué el mecanismo pasó por una asociación civil, por qué la escala del desembolso es tan superior a otros eventos similares y quiénes fueron los beneficiarios finales. En tiempos de campaña y con la economía “picante”, como dicen en la calle, la sociedad y los hacedores culturales piden que la caja pública se aclare ya. La cultura no puede ser moneda de cambio ni pasamanos administrativo.
